De cultura e infraestructura vial (31)

La semana pasada inicié el tema de los automovilistas. Sabemos que aquí “hay tela de donde cortar” y creo que inevitablemente tenderé a extenderme mucho, mucho en esta parte.

Continuaré con el asunto central: la regulación y control del automovilista. Antes debe entenderse que ningún esquema punitivo funcionará mientras no haya una cultura de lo correcto detrás de todo esto. Es decir, debe buscarse que sea el propio automovilista el que se regule y crear una conciencia de honor y honradez.

En el post de la semana pasada mencionaba que en la CDMX los conductores somos como somos porque sabemos que la ley en materia vial no se hace cumplir, y ya no digamos “justamente”. En nuestro ADN citadino, hayamos o no cometido una falta, cuando un policía se nos acerca pensamos que viene a fastidiarnos, a sacarnos dinero. Puede ser que así sea, puede ser que no (no niego que haya casos de policías que busquen cumplir con su trabajo), el problema es que aun bien intencionadas, ambas partes actúan a la defensiva.

Un conductor dirá lo que sea para evitar una infracción, el policía podrá sacar su reglamento y señalar cuál es la sanción (que podrá incluir llevar al “corralón” a la unidad); en la mente del conductor siempre estará la desconfianza contra el policía pensando actua para su beneficio y le importa poco esté protegiéndole o evitando problemas a la ciudad.

Es natural que el conductor busque justificar o invalidar la supuesta falta, para evitar el castigo. Tenemos también el problema que el reglamento no considera casos en los que su aplicación no está acorde a la realidad urbana y así tenderemos a la regla “del mínimo esfuerzo”, considerando que las probabilidades de actuar contra el reglamento y no ser sancionado son mucho muy altas a seguirlo e incurrir en costos de tiempo y dinero (combustible). Tenemos el problema que el reglamento no es aplicado de manera constante y en algunos casos es inconstante con la realidad urbana.

Imaginemos que el reglamento se aplica de forma regular y que está acorde a la realidad. No hay un motivo razonable o justificado para tomar atajos. Deberíamos entonces tener sólo casos en los que la infracción es justificada. El ofensor no debería tener una razón válida para justificarse o evitar ser sancionado. Debería aceptar su culpa e infracción. El policía no tendría motivo para buscar un soborno. Pero sabemos que no pasa así. Hay dos factores que provocarán que el conductor evite la infracción y ello lo lleve a intentar sobornar al policía: el que se mencione que el auto deba ser llevado al “corralón” o el monto de la infracción. El primero por el tiempo, costo y molestias del trámite (considerando uno tenga todos sus papeles en regla) y el segundo por la cantidad. Decir “te doy $200 para evitar pagar $900” sonará justificado para cualquier mente consciente de la relación costo-beneficio. Aun cuando el que infracciona se ponga ambicioso y exiga $500 o $600, $300 de diferencia pueden acallar cualquier moral. Pensar que el oficial nos pueda levantar cargos por intentar sobornarlo ya no pasa por la mente de nadie, salvo porque al sobornado se vaya a sentir ofendido por la cantidad ofrecida y así darle motivos para pedir más. Pensar que el oficial vaya a turnarnos ante un juez o ministerio público por cohecho ya nadie lo concibe posible. Tenemos el problema que el bajo salario de los policías junto con los montos actuales de las multas hacen que la corrupción aflore fácilmente.

El razonamiento común indica que el endurecimiento de las multas debe inhibir la violación del reglamento de tránsito. Yo creo que eso está equivocado. Sólo propicia que haya un mayor margen de ganancia para el agente de tránsito y así de perpetrar la corrupción. ¿Qué pasaría que las multas se bajaran a $20.00? ¿Creen que un oficial de tránsito se rebaje a recibir $10 como soborno? ¿Qué pasaría si la amenaza del “corralón” fuera sólo para casos muy específicos? Por ejemplo, el reglamento señala que el manejar con una licencia vencida es motivo de “corralón”? Entiendo que eso aplique para el caso en el que el individuo no porte la licencia. Nada avala que éste sepa realmente manejar, que se supone es el propósito del documento. Pero, ¿acaso porque mi licencia venció ya olvidé manejar? No tiene sentido. Imaginemos una situación idílica: a Ud. lector lo detienen por pasarse una luz roja, no lleva licencia pero el oficial puede por radio cotejar que Ud. cuenta con ella o mediante el smartphone de alguno comprobarlo con alguna aplicación. La sanción se limita a $20.00 por pasar la luz roja, tal vez $40 por no llevar la licencia. ¿Intentaría sobornar al policía con $30? Lo dudo.

Muchos dirán que $20 pesos es algo ridículo y sólo hará que la gente le importe menos respetar el reglamento de tránsito. Yo digo que hoy en día nadie lo respeta ya y no hay diferencia. Pero no es la obediencia al reglamento lo que discuto aquí sino romper con el vicio del cohecho. Y sí, seguramente al inicio, no faltará el prepotente que deliberadamente se pase la luz roja y cínicamente le diga al oficial de tránsito que le levante la infracción. Pero ¿qué pasa si le ponemos un refuerzo? Digamos que si la multa no se paga en un mes esta se incrementa a $100 (además que cualquier adeudo impediría poder efectuar trámites como renovación de documentos, licencia y verificaciones, como de hecho ocurre). ¿Dejaría Ud. lector de pagar $20 y esperaría a que se incremente a $100? Imaginemos que además, que si hay una infracción sin pagar, cualquier otra, aun expedida por $20, incrementa su monto y que si seguimos acumulando multas y evitando pagarlas éstas lleguen a un monto que verdaderamente nos duela y que puedan implicar “corralón”. Yo creo que ni el más prepotente y cínico buscaría ser multado (bueno, de todo hay en esta vida, pero sería los casos anómalos, que aparecen sin importar el esquema).

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